La ideología punitiva del progresismo

Mamarracho

Un nuevo entredicho entre el gobierno y organizaciones de derechos humanos, esta vez no sobre las violaciones de la dictadura sino sobre el presente y el futuro de los jóvenes en conflicto con la ley y sus antecedentes ha demostrado que la política del mamarracho se encamina a constituirse en la principal característica de la administración Mujica.

A muchos nos sorprendió la noticia: el secretario de la Presidencia Alberto Breccia (hermano de Sonia y cuñado de Federico) anunció el pasado lunes que el Poder Ejecutivo enviaría al Parlamento un proyecto de Ley para mantener los antecedentes penales de estos jóvenes -que el lenguaje del periodismo policíaco nos ha acostumbrado a llamar como “menores”- y que tal proyecto contaba con el apoyo de tres de las principales organizaciones de derechos humanos de Uruguay: el Servicio Paz y Justicia (SERPAJ - Uruguay), el IELSUR y el Comité por los Derechos del Niño.

El mismo día, estas organizaciones reaccionaron con un comunicado público en el que desmintieron enfáticamente que apoyaran o si quiera estuvieran en conocimiento de la iniciativa del gobierno. Más aún, llamaron la atención sobre el hecho de que este proyecto se “enmarca en políticas aleatorias, más en respuesta a demandas que operan en la opinión pública, que a una política de Estado sostenida desde la plena vigencia de derechos y una reducción de sus sistemas penales”.

SERPAJ, IELSUR y el Comité de los Derechos del Niño reclaman “un enfoque de derechos, y no desde la ideología punitiva que exacerba la privación de libertad, anteponiéndola a cualquier otra respuesta de fondo” o sea, sin decirlo, una ideología punitiva propia de la derecha.

Hay que tomar en cuenta además el contexto en el que se da esta iniciativa regresiva del gobierno progresista, con el sector renovador del Partido Colorado se apresta, bajo la conducción de Pedro Bordaberry (el hijo de Juan María) a promover una recolección de firmas para plebiscitar una baja en la edad de la inimputabilidad.

Lo que parece incuestionable o imposible de desarmar es esa construcción mediática que asocia a los jóvenes pobres con la delincuencia. Y no lo inventamos nosotros: afortunadamente los estudios de los jóvenes cientistas sociales que analizan los medios de comunicación le ponen datos, nombres y números a este proceso de criminalización mediática de los jóvenes y de los pobres.

El abogado Javier Palummo (del Comité de los Derechos del Niño) ha demostrado como es cierto el hecho de que la Policía “detiene” a más jóvenes que adultos en virtud de un proceso “la Policía es selectiva y discriminatoria: llevar a los adolescentes al juzgado por nada, por tener cara de plancha”, dijo.

Y según las estadísticas que maneja la Fundación Justicia y Derecho de los delitos que hay en Montevideo, sólo un 7% corresponde a menores de edad, uno de los niveles más bajos de los últimos años.

La baja en la edad de la inimputabilidad y el mantenimiento de los antecedentes de los niños y jóvenes no sólo va contra la legislación internacional de derechos humanos que el Estado uruguayo se comprometió a defender, va contra los principios, la historia y la sensibilidad de la izquierda. Por ello el mamarracho no puede imponerse al sentido crítico que pretende transformar la realidad desde la raíz.