Álvaro Rico en su libro Cómo nos domina la clase gobernante (*) ha caracterizado el discurso dominante del Estado posdictadura en base a: a) la "capacidad de creación de nuevos signos políticos (del tipo privatización, modernización, eficiencia, reestructura del Estado, impunidad, gobernabilidad)"; b) la "imposición de criterios de verdad social (identificados con la racionalidad tecnocrática, la desideologización de los temas políticos, la neutralidad del Estado, las decisiones de gobierno como actos administrativos)"; c) la "tematización o definición de la agenda pública"; d) la "prescripción como valores de sus propios signos ideológicos (liberalismo, economía de mercado, tolerancia, pacificación)" y d) la "estigmatización de los signos de oposición como "no creíbles" o "sin sentido" (demagogos, irracionales, ortodoxos)".
Creemos que desde hace unos días se ha instalado una falsa discusión en torno a la necesidad de aumentar la carga impositiva sobre el sector agropecuario y la idea deconstruir los elementos en juego que atribuimos a esa “falsedad” para discutir sobre el tema de fono: la concentración de la tierra en Uruguay y lo que ella implica en términos de desplazamiento y exclusión de personas no sólo del acceso a la tierra sino de la posibilidad de reproducir una forma de vida.
Cómo nos tiene acostumbrados en los últimos meses, el descalabro político lo generó el propio Presidente Mujica. La cuestión que puso sobre el tapete fue la necesidad de cobrar un impuesto específico para los propietarios de más de 2.000 hectáreas de campo, con la finalidad de atender las demandas de infraestructura que se generan desde ese mismo sector económico, por otra parte, de los más dinámicos y protagónicos en la salida de la crisis desde comienzos de la década del 2000.
El anuncio de Mujica se realizó aparentemente sin consulta previa ni con su Ministro de Ganadería, ni con su Ministro de Economía, ni con su vicepresidente que maneja los hilos de la política económica del país (desde el 2005), lo que generó la reacción de este grupo de opinión que ahora estaría preparando una alternativa tributaria distinta a la del presidente. En síntesis, el debate es sobre si el impuesto se aplica sobre la propiedad de la tierra (idea original) o si se aplica sobre la productividad que se genera con el uso productivo de esa tierra (la idea “antagónica”). La pregunta que debemos hacernos es: ¿son contrapuestas estas posibilidades? Y yendo aún más allá aún ¿responden estas iniciativas a una búsqueda de justicia tributaria con el sector que está acaparando la riqueza subsidiada social y ambientalmente por todo el país? ¿O son un saludo a la bandera que haciendo caja con unos pocos dólares desarticula cualquier posibilidad de protesta sobre la concentración de la tierra bajo la conservadora consigna del sentido común del esto-es-lo-que-hay?
Veamos un documento que se hizo público hoy desde el sitio web de la Presidencia de la República. En él se repasan los argumentos de estas propuestas impositivas. Según el comunicado:
“En Uruguay la propiedad de la tierra está mucho más concentrada que el ingreso. Mientras que el 10% de la población más rica recibe el 30% del ingreso de todo el país, el 10% de los productores más grandes es propietario del 64% de la tierra. En los últimos 10 años el valor de la hectárea se multiplicó por 4,2, pasando de US$ 740 a US$ 3.114, situación que no se reflejó en la carga tributaria del sector, ni en el valor de la contribución inmobiliaria. Si la contribución hubiese acompañado la valorización real de la tierra, el pago actual debería ser de US$ 16 por hectárea y no los US$ 4 que actualmente se tributan. La tierra es un factor productivo diferente al capital y el trabajo y se pueden mejorar los procesos productivos que se desarrollan en la misma, pero no es un producto que se pueda fabricar o importar. La alta valorización de la tierra en la actualidad y la no existencia de una regulación en la compra - venta, hace que los pequeños arrendadores resulten desplazados por los altos precios que deben pagar. En ese contexto, los pequeños propietarios resultan también desplazados porque la productividad generada no les permite ingresos superiores a los que obtendrían arrendando o vendiendo sus campos”. (**)
Este es el diagnóstico oficial y sin duda lo compartimos, son datos de la realidad. Ahora aplicar un impuesto sobre este proceso, ¿no es legitimarlo?
¿Donde está la imaginación política? Y si es que ya no son capaces de imaginar, ¿Por qué no se imita lo existente? En Argentina, por ejemplo, un gobierno que busca explícitamente la conciliación entre trabajo y capital y que no se define como de izquierda -como si sucede con el Frente Amplio- tiene un modelo impostivo que afecta de manera diferencial a la producción agropecuaria que se exporta sin valor agregado de aquella que se queda en el país y es introducida en la cadena agroindustrial nacional.
Volviendo a Álvaro Rico tenemos que atender a su crítica sobre la llamada política real o -más bien- política de lo real: "La política -dice Rico- sustraída de las prácticas sociales colectivas, las utopías y la épica, pueden finalmente reducirse a un 'medio inmanente' de la economía de mercado, una actividad que transcurre habitualmente entre políticos profesionales, que se repite sin sorpresas y que vemos sentados frente al televisor en los informativos de la hora 19. Como otras tantas rutinas o hábitos de los uruguayos, las motivaciones de la obediencia política se tornan un lugar común, se vuelven imperceptibles y despolitizadas". (*)
