Otra muerte en el fútbol y el primer militar en actividad procesado por asesinar en la dictadura
Impunidades
Esta semana comenzó con dos hechos que en sí mismos son relevantes, pero que más deben llamarnos la atención por el contexto en los que han sucedido y por ciertos silencios que los han rodeado.
El primer hecho, otra muerte en el fútbol. Sucedió el pasado domingo, después de un partido de la Segunda División Amateur (la ex “C”) entre Oriental de La Paz y Villa Teresa (que ganó Villa Teresa por 4 a 1). Cuando los hinchas visitantes se retiraban del estadio en la ciudad de La Paz fueron baleados. Como resultado uno de ellos, Héctor Marcelo López, de 40 años, recibió un balazo en el pecho y murió. Más allá de la cobertura policial y policíaca del hecho, lo llamativo es la poca cobertura mediática y mucho más el prácticamente inexistente espacio que este hecho ocupó en la agenda de políticos y dirigentes futbolísticos profesionales. Evidentemente la vida de un hincha de fútbol de la “C” merece menos atención pública que la de un hincha de un cuadro de la “A”. ¿Qué pasaría ante un hecho así en un clásico?
Uno de los más destacados portales de noticias locales, tuvo el tupé de presentar la noticia diciendo que el muerto no tenía antecedentes penales. Y ojo, que no fue el noticiero de Canal 4 ¿Que quiere decir esto? ¿Porqué era de suponer que el muerto tuviera antecedes penales? ¿Porqué era hincha de un cuadro de la “C”? La lectura es que son pobres y son peligrosos. La prueba de ello está en el hecho de que se matan. Eso parece decirnos esta lectura del periodismo ascético, incapaz de contextualizar y analizar más allá de su modo de vida. Dominocentrismo lo llaman los sociólogos. Ombligocentrismo en nuestro lenguaje de boliche. Sin dudas, criminalización de la pobreza, de la cual vemos que el fútbol no escapa.
Por la vía de los hechos y del alcance mediático se instala un cierto de impunidad, que sostiene que los pobres, los cuadros chicos, los cuadros de barrio viven en otros códigos, diferentes, que no hace de este un hecho noticioso con el cual encabezar un informativo o sobre el cual preguntarle al ministro de turno.
El segundo hecho tuvo mayor repercusión mediática, pero es su contexto político el que nos llama a reflexión. Un general en actividad, Miguel Dalmao, jefe de la delegación de Ejército 4, con sede en Minas fue procesado con prisión por el asesinato de la militante comunista Nibia Sabalsagaray durante la dictadura. El hecho es histórico: por primera vez desde el fin de la dictadura, un militar en actividad es procesado. Pero no se trata de un militar cualquiera, se trata de un general, que tiene personal de tropa bajo su mando. Este quizás comience a ser un elemento para discutir públicamente quienes son los actuales mandos militares y tratar de saber que lugar ocuparon durante la dictadura y que papel desempeñaron en las torturas y asesinatos que ocurrieron en ese marco.
Lo llamativo es que este procesamiento, así como la nueva decisión de la Suprema Corte de Justicia de considerar inconstitucional a la Ley de Caducidad para una veintena de denuncias durante la dictadura, ocurre en un momento en que la clase dirigente está empantanada en torno a qué hacer con la impunidad de los militares.
Los políticos de 'izquierda' no han sabido manejar las supuestas disidencias internas en torno a un proyecto de interpretación de la inconstitucional ley. Pero lo que nadie ha podido o querido exponer es qué intereses defienen los Nin Novoa, los Saravia o los Fernández Huidobro con sus anuncios que no votarán la Ley Interpretativa, y por tanto avalarán la continuidad de la impunidad, a 25 años de terminada la dictadura.
Como dice una declaración de los jóvenes del PIT-CNT de hace dos días, estos no son hechos del pasado, son hechos del presente y como tales deben ser tratados. Junto a ellos, decimos desde esta tribuna “Ni olvido ni perdón. Verdad y juicio. Justicia y castigo”.
Impunidades
Esta semana comenzó con dos hechos que en sí mismos son relevantes, pero que más deben llamarnos la atención por el contexto en los que han sucedido y por ciertos silencios que los han rodeado.
El primer hecho, otra muerte en el fútbol. Sucedió el pasado domingo, después de un partido de la Segunda División Amateur (la ex “C”) entre Oriental de La Paz y Villa Teresa (que ganó Villa Teresa por 4 a 1). Cuando los hinchas visitantes se retiraban del estadio en la ciudad de La Paz fueron baleados. Como resultado uno de ellos, Héctor Marcelo López, de 40 años, recibió un balazo en el pecho y murió. Más allá de la cobertura policial y policíaca del hecho, lo llamativo es la poca cobertura mediática y mucho más el prácticamente inexistente espacio que este hecho ocupó en la agenda de políticos y dirigentes futbolísticos profesionales. Evidentemente la vida de un hincha de fútbol de la “C” merece menos atención pública que la de un hincha de un cuadro de la “A”. ¿Qué pasaría ante un hecho así en un clásico?
Uno de los más destacados portales de noticias locales, tuvo el tupé de presentar la noticia diciendo que el muerto no tenía antecedentes penales. Y ojo, que no fue el noticiero de Canal 4 ¿Que quiere decir esto? ¿Porqué era de suponer que el muerto tuviera antecedes penales? ¿Porqué era hincha de un cuadro de la “C”? La lectura es que son pobres y son peligrosos. La prueba de ello está en el hecho de que se matan. Eso parece decirnos esta lectura del periodismo ascético, incapaz de contextualizar y analizar más allá de su modo de vida. Dominocentrismo lo llaman los sociólogos. Ombligocentrismo en nuestro lenguaje de boliche. Sin dudas, criminalización de la pobreza, de la cual vemos que el fútbol no escapa.
Por la vía de los hechos y del alcance mediático se instala un cierto de impunidad, que sostiene que los pobres, los cuadros chicos, los cuadros de barrio viven en otros códigos, diferentes, que no hace de este un hecho noticioso con el cual encabezar un informativo o sobre el cual preguntarle al ministro de turno.
El segundo hecho tuvo mayor repercusión mediática, pero es su contexto político el que nos llama a reflexión. Un general en actividad, Miguel Dalmao, jefe de la delegación de Ejército 4, con sede en Minas fue procesado con prisión por el asesinato de la militante comunista Nibia Sabalsagaray durante la dictadura. El hecho es histórico: por primera vez desde el fin de la dictadura, un militar en actividad es procesado. Pero no se trata de un militar cualquiera, se trata de un general, que tiene personal de tropa bajo su mando. Este quizás comience a ser un elemento para discutir públicamente quienes son los actuales mandos militares y tratar de saber que lugar ocuparon durante la dictadura y que papel desempeñaron en las torturas y asesinatos que ocurrieron en ese marco.
Lo llamativo es que este procesamiento, así como la nueva decisión de la Suprema Corte de Justicia de considerar inconstitucional a la Ley de Caducidad para una veintena de denuncias durante la dictadura, ocurre en un momento en que la clase dirigente está empantanada en torno a qué hacer con la impunidad de los militares.
Los políticos de 'izquierda' no han sabido manejar las supuestas disidencias internas en torno a un proyecto de interpretación de la inconstitucional ley. Pero lo que nadie ha podido o querido exponer es qué intereses defienen los Nin Novoa, los Saravia o los Fernández Huidobro con sus anuncios que no votarán la Ley Interpretativa, y por tanto avalarán la continuidad de la impunidad, a 25 años de terminada la dictadura.
Como dice una declaración de los jóvenes del PIT-CNT de hace dos días, estos no son hechos del pasado, son hechos del presente y como tales deben ser tratados. Junto a ellos, decimos desde esta tribuna “Ni olvido ni perdón. Verdad y juicio. Justicia y castigo”.
